jueves, junio 27, 2013

Educación acepta reunirse con la Comisión de Educación del CGCEE para seguir debatiendo sobre las ALCE

| 24 Junio 2013 - 16:06 h.
Ángeles Muñoz, durante su intervención en el Pleno.

Ángeles Muñoz, durante su intervención en el Pleno.
 
La subdirectora de proyección exterior educativa, Ángeles Múñoz, aceptó reunirse de nuevo con la Comisión de Asuntos Educativos para seguir debatiendo sobre las instrucciones que se han dado para el curso que viene en las Aulas de Lengua y Cultura Española (ALCE).
Durante el Pleno, la presidenta de la Comisión, Miriam Herrero instó a Muñoz a paralizar de forma inmediata las instrucciones y recordó que “los plazos son muy cortos”, ya que el curso empieza en septiembre.
A pesar de las explicaciones sobre los cambios que Muñoz dio en el Pleno, éste aprobó una resolución en la que se pide la suspensión de las instrucciones para el próximo curso, poner en marcha “un proyecto coherente, de calidad y con futuro para las ALCE” y que se “negocio con todos los colectivos implicados: Padres de alumnos, asociaciones de españoles en el exterior, consejos de residentes, profesores, alumnos mayores y organizaciones sindicales”.
Muñoz, por su parte, explicó que las nuevas instrucciones corresponde a un “proceso de mejora del programa” y que en la orden de 2010 “ya se decía que de las tres horas al menos la mitad serían presenciales”.  Según dijo, a lo largo de este tiempo “hemos estado preparando el camino para que se hiciese este cambio” y “contamos con experiencias en este sentido en Nueva York y Canadá”.
En su intervención, la subdirectora hizo hincapié en “las dificultades que tenían los alumnos para cumplir todas sus horas de clase” y por eso “hemos tratado de dotarnos de una herramienta de flexibilidad”. Además, matizó, este sistema de trabajo permite al alumnado reforzar “sus puntos más débiles”. Muñoz también resaltó que el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (Cideac) “va a acompañar todo el proceso” y recordó que están trabajando “ para que no sean necesarios grandes conocimientos informáticos ni una gran conexión a internet” para poder seguir los cursos.
En la Resolución aprobada por el Pleno se asegura que la reducción de las clases presenciales a favor de la tutorización por internet  -que según recoge la resolución sólo serán dos minutos semanales-  “impedirá cubrir el exhaustivo nuevo curriculum, que resulta ya de difícil realización con tres horas presenciales”. La Resolución, que recoge las quejas y argumentos de las diferentes asociaciones, explica que este proceso se comenzará por los niños más pequeños –entre 7 y 10 años- que “no tienen suficiente madurez ni autonomía para seguir ni realizar actividades a distancia”. Además, aseguran que el profesorado “no está realmente preparado para este cometido, que requiere conocimientos informáticos muy superiores a los que posee” y denuncian que según las instrucciones dadas, “en la mayoría de los casos el profesor presencial y el tutor en línea no serán la misma persona”.
Respecto a las experiencias pilotos de enseñanzas no presenciales, la Resolución asegura que las llevadas a cabo en las ALCE “en los últimos dos años han resultado un fracaso debido a la baja participación de los alumnos”. “Si estas no han sido satisfactorias, a pesar de haberse llevado a cabo con alumnos mayores y de nivel más avanzado, es fácil imaginar cual sería el resultado con los alumnos más pequeños”, recoge la Resolución.
El material didáctico a utilizar también es motivo de análisis en la Resolución  en la que se asegura que “fueron elaboradas por los propios profesores de manera obligatoria, pero sin que la Administración les facilitase el tiempo ni los recursos necesarios para una realización coherente”. Además, explican, son “inaplicables en grupos heterogéneos de edades, niveles y lengua materna” y están pensadas para ser puestas en marcha “con materiales y medios de los que, en la práctica, no se dispone” como ordenadores, wifi, cañones de proyección, …
En el último punto del documento se asegura que es incoherente “que no se hayan tenido en cuenta los informes de la Inspección, sobre el derecho inalienable de la formación presencial de los alumnos ni se tome en consideración o se indique cómo se va a evaluar el trabajo del profesorado en línea”.
El texto de la Resolución también recoge los derechos de los docentes como trabajadores y asegura que esta nueva modalidad “supondrá un recorte del profesorado en más de un 30%” y una ampliación de la jornada laboral, ya que los profesores telemáticos tendrá que asumir numerosas funciones como revisar la guía del curso, hacer un seguimientos personalizado de los alumnos y hacer y enviar informes periódicos de actividad para los profesores presenciales.

Propuestas de la Comisión
La Comisión de Asuntos Educativos también se mostró su contrariedad por como se aprobaron las instrucciones, ya que creen que en la reunión mantenida en Madrid los 1 y 2 de abril les tenían que haber informado sobre el cambio.
En esa reunión, la Comisión, que desconocía las nuevas instrucciones, aprobó unas propuestas que incluían en referencia a la ALCE que se abriesen aulas en los países que cumplan los requisitos y tengan suficiente demanda y que se dotasen las aulas de personal funcionario.
En referencia a otros temas, la Comisión pidió que el Ministerio de Educación reúna en una sola web toda la información respecto a los “recursos educativos de los que puedan disfrutar los españoles residentes en el exterior”. También piden que en las oficinas de la red consultar esté disponible una “guía continuamente actualizada de todos los recursos educativos”.
En la Resolución, que fue aprobada por el Pleno, la Comisión también solicita que, donde no sea posible tener recursos propios, se promueva la colaboración con otras instituciones “para satisfacer la demanda de formación de los niños y jóvenes españoles que ahí residen”.
Además, desde esta Comisión se sugería a la presidencia y secretaría del Consejo, la presencia del Alto Comisionado de la Marca España en el Pleno del Consejo, algo que no se concretó. Desde la Comisión se entendía que las actividades de la Marca España “pueden incidir en la ciudadanía española en el exterior, sobre todo en materia de cultura y reforzamientos de los lazos de la identidad con España y, en general, en todas sus necesidades y derechos”.

El Pleno del CGCEE reitera su petición para que se elimine el voto rogado

| 24 Junio 2013 - 16:06 h.
El Pleno se mostró mayoritariamente, en contra del voto rogado. Vista general del Pleno.
 El Pleno se mostró mayoritariamente, en contra del voto ragado.  Vista general del Pleno.

El Pleno del CGCEE aprobó solicitar personalidad jurídica de manera que puedan defender los derechos de los ciudadanos a los que representan ante “ante las instancias que correspondan, cuando se atenten o conculquen derechos fundamentales” como, según aseguran, se hizo implantando el voto rogado. Según aseguró la Comisión de Derechos Civiles y ratificó el Pleno, la implantación del voto rogado fue una “abolición de los derechos fundamentales de los españoles residentes en el extranjero” llevado a cabo “por los representantes electos de la nación (excepto IU y Coalición Canaria).
En el documento aprobado por el Pleno se instaba a explorar otras vías de participación electoral como el voto telemático, así como a estudiar como lo organizan en otros países.
Desde el Pleno se pidió una vez más la restitución del voto exterior en las elecciones municipales y la creación de una circunscripción propia.
En materia de nacional, el Pleno reiteró las conclusiones del anterior Pleno y pidió que la nacionalidad española no se pierda “a menos que el sujeto declare renunciar expresamente a ella ante las autoridades españolas competentes”; que no se utilice el concepto de ‘español de origen’ “para el establecimiento de diferencias entre españoles una vez obtenida” la nacionalidad; y que se suprima la necesidad de residencia en España para que los conyugues o descendientes obtengan la nacionalidad.
El Pleno también aprobó la creación de una subcomisión que “elabore una relación de los problemas identificados con los procesos electorales y el funcionamiento de los Consejos de Residentes (CRE)”. Este organismo deberá analizar su normativa reguladora y hacer una propuesta de cambio, tanto para el Real Decreto que los regula como para la Orden Ministerial que los reglamenta. Según se estableció formarán parte de esta subcomisión Ángel Capellán, José Mansilla, Marco Antonio de Lera y Antonio Fernández Rivera, que entra en sustitución de Eduardo Dizy, que en calidad de presidente del Consejo tiene acceso a todas las comisiones.

Consulados
El Pleno aprobó, con cuatro votos en contra y sin abstenciones, los asuntos relacionados con los consulados presentados por la Comisión de Derechos Civiles.
En el texto se insta al Gobierno a poner en marcha los consulados aprobados para Venezuela, “por lo menos alguno de ellos”, y solicitar un nuevo consulado para Santiago de Cuba y una nueva sede para La Habana.
Otro de los problemas que se expuso ante el Pleno fue la expedición de los pasaportes, un trámite que causa trastornos a quien quiere conseguirlo “por razones económicas, laborales y de lejanía”.  Desde la administración se explicó que al ser necesarias las características biométricas no es posible que los consulados tramiten la renovación de pasaportes. En todo caso, recordaron que hay unidades móviles pero, debido al elevado coste que tienen, se irán introduciendo paulatinamente en los países donde las distancias sean mayores.
La reiteración de propuestas anteriores, que incluía que se facilitase a los CRE las direcciones de los inscritos en el consulado y la ejecución de sentencias firmes de divorcio, se retiró de los acuerdos para profundizar en ellos y llevarlos al siguiente Pleno.
La situación de los presos españoles en cárceles extranjeras es otro de los puntos que se trató en la Comisión y que el Pleno aprobó por unanimidad. En el documento se incluye la petición de campañas informativas para que la gente que viaja al extranjero sea consciente de las consecuencias de sus actos, así como programas de desintoxicación para los drogadictos.
También se solicita que se les conceda algún tipo de documentación para poder trabajar durante la libertad condicional y que se les considere beneficiaros de una prestación por razón de necesidad durante ese periódico. Además, se pidió que, con los países con los que hay convenio de traslado de condenados, éste sea lo más rápido posible.
En el Pleno se explicó que Perú era el país donde más reclusos españoles había y se pidió que se reforzara al personal del consulado para poder atenderlos.

lunes, junio 17, 2013

La Feaer denuncia una novedad que afecta a las familias pensionistas retornadas

Redacción, Madrid | 12 Junio 2013 - 14:09 h.

La Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados (FEAER) ha emitido un comunicado en el que denuncia que la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 5/2013 de 15 de marzo, en su disposición final segunda, afecta directamente a las familias pensionistas retornadas, eliminando en muchos casos el complemento para mínimos por cónyuge a cargo.
En su escrito, la Feaer afirma que, tras la modificación realizada, dicho punto ha quedado de la siguiente forma:
“a) Que el cónyuge del pensionista no sea, a su vez titular de una pensión a cargo de un régimen básico público de previsión social, entendiendo comprendidos en dicho concepto las pensiones reconocidas por otro Estado…”.
De esta manera, las pensiones reconocidas por otro Estado impiden ahora considerar a un cónyuge que las perciba como dependiente económicamente del otro.
Esta nueva regulación del concepto de dependencia económica, a efectos del complemento a mínimos de las pensiones del Régimen de Seguridad Social español, supone, según denuncia la Feaer, “una discriminación hacia nuestro colectivo ya que la circunstancia de percibir una pensión extranjera (desde 1 céntimo de euro) excluye al cónyuge del concepto de dependencia econónica”.
La cuantía mensual de la pensión con cónyuge a cargo para e2013 es de 778,90 euros y la de con cónyuge no a cargo 598,80 euros por lo tanto hay una diferencia de 180,10 euros. En la mayoría de los supuestos este cambio normativo afecta a mujeres que trabajaron en los países europeos y perciben una pensión reconocida por un régimen de seguridad social extranjero, que son casi siempre inferiores a la diferencia de 180 euros, “por lo que se está discriminando y penalizando a nuestro colectivo que, de no haberse ido a trabajar al extranjero, no verían mermados sus ingresos económicos, ya que la norma no establece ninguna cuantía mínima para la pensión extranjera, por lo cual siempre sería más ventajoso no percibirla”.
Para la Federación de Retornados, esta medida no hace más que esquilmar gran parte de los recursos económicos de miles de retornados y por retornar, sometidos nuevamente a recortes irracionales e injustificados ya que se hacen sobre quienes menos tienen.
La Feaer quiere hacer partícipe a la sociedad de esta injusticia solicitando su ayuda “para restablecer un derecho adquirido por quienes durante años estuvieron obligados al exilio y que hoy dia perciben pensiones aunque de escasa cuantía son el fruto de su esfuerzo y trabajo en el extranjero”.

(Informacion: Cronicas de la Emigración)

HA AUMENTADO EL 32,63% CON RESPECTO A LA CONSEGUIDA EN 2010

Báñez anuncia que la Seguridad Social ha logrado un récord histórico de recaudación ejecutiva

Redacción, Madrid | 13 Junio 2013 - 11:29 h.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció este pasado lunes que la Seguridad Social ha logrado un récord histórico en la recaudación ejecutiva acumulada hasta abril, que ha supuesto un aumento del 32,63% con respecto a la conseguida en 2010. Desde el año 2009 se ha incrementado la recaudación en vía ejecutiva, siendo especialmente significativo el aumento experimentado en el año 2012 con respecto al citado año 2009, que supero el 10%.
La ministra ha informado del balance recaudatorio durante su conferencia inaugural en la 25ª Asamblea de la Asociación Nacional de Recaudadores Ejecutivos de la Seguridad Social, a quienes se ha dirigido para destacar la labor fundamental de este colectivo para el funcionamiento del Sistema, y antes quienes ha señalado el doble fin de la gestión recaudatoria: como instrumento esencial de la sostenibilidad económica del sistema y en relación con la extensión de la cobertura de la seguridad social.
Al comienzo del acto, Fátima Báñez se ha dirigido a los medios de comunicación para lanzar un mensaje de tranquilidad a toda la sociedad española: “Es el momento del diálogo y el consenso”. La ministra ha explicado que ahora se inicia el debate político y social, y ha manifestado su seguridad de que se hará desde la responsabilidad y desde el compromiso de todos los grupos parlamentarios y también de los agentes sociales. “Vamos a buscar el mayor de los consensos para seguir preservando lo más importante: un sistema de pensiones seguro y sostenible en el medio y el largo plazo”, ha concluido Báñez.

(Informacion: Cronicas de la Emigración)